Sentencias del 25 de julio al 10 de agosto de 2011 de la sala constitucional y Sala Politico Administrativa

25/07/2011  Sala Constitucional - Exp N° 11-0670: 11 -0670 - Sentencia de la Sala Constitucional mediante la cual se hace la distinción en cuanto al procedimiento para el cobro de los costos generados en el proceso y los honorarios de los abogados

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03/08/2011  Sala Político Administrativa - Exp N° 2010-0937: 10 -0937 - Mediante sentencia N° 01058 publicada en fecha 03 de agosto de 2011, la Sala Político Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, reiteró que la Superintendencia para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, al recibir una denuncia debe tramitar la misma y abrir el procedimiento administrativo correspondiente, en el cual se presentarán las probanzas pertinentes; claro está si no existe una circunstancia evidente que demuestre una causal de inadmisión de la denuncia, esto es, que no se cumpla con los requisitos que deben contener las solicitudes dirigidas a la Administración (Artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos) o que el asunto de manera clara y evidente no se corresponda con el orden de competencias atribuidas a dicho órgano. 

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03/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 10-1298: 10 -1298 - Sentencia de la Sala Constitucional que ordena a todos los jueces de la República dar cumplimiento estricto a los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas.

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04/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 11-0627: 11 -0627 - sentencia N° 1326 de fecha 4 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional conponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, en la cual seestablece que, conforme al artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal,es posible la apelación de aquellas decisiones que resuelvan lassolicitudes de nulidades en los procesos de responsabilidad deadolescentes, todo ello en aplicación del Código Orgánico Procesal Penalpor remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protecciónde Niños, Niñas y Adolescentes.

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04/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 09-0369: 09 -0369 - Sentencia N° 1335 del 4 de agosto de 2011 dictada por la SalaConstitucional, bajo la ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta deMerchán, mediante la cual se destaca la obligación del Ministerio Público,conforme al contenido del artículo 285.3 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela, y con base en lo señalado en el artículo 11 delCódigo Orgánico Procesal Penal, de realizar una investigación exhaustivaantes de presentar, ante el Juez de Control, el correspondiente actoconclusivo.

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04/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 11-0645: 11 -0645 - Sentencia N° 1325 de fecha 4 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional conponencia de la Magitrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán que reafirma, concarácter vinculante, la competencia de los Juzgados especializados enmateria de violencia de género para el juzgamiento de los delitos previstosen la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre deViolencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadanoindígena, porque las autoridades legítimas de los pueblos y comunidadesindígenas sólo pueden actuar en materia de violencia de género como órganosreceptores de denuncia

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04/08/2011  Sala Político Administrativa - Exp N° 2009-0634: 09 -0634 - En Sentencia N° 1.071 del 4 de agosto de 2011, esta Sala Poli´tico Administrativa mediante la cual declaró improcedente la oposición formulada por Seguros Altamira, C.A. contra la medida de embargo preventivo decretada en su contra, por cuanto: (i) la empresa no acreditó elementos que modificaran las razones que sustentan el decreto de embargo, ni su monto; y (ii) no se ajustan al derecho de seguros las aseveraciones de la opositora en torno a la incidencia de la medida de embargo en la satisfacción de las acreencias de sus asegurados y beneficiarios. De otra parte, se dejó sentado que el monto de la fianza consignada a los fines de la suspensión de la medida de embargo coincide con la cantidad en la que éste fue decretado contra la citada compañía, pero que en virtud de la rigurosidad y prudencia con que debe analizarse la suficiencia de las cauciones en la materia (no sólo en el aspecto cuantitativo sino también respecto a su eficacia) y con el objeto de dictar una decisión conforme a la ratio de los artículos 589 y 590 del Código de Procedimiento Civil, resulta necesario oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que, dentro de un plazo perentorio de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación: a) informe a la Sala si la empresa Seguros Qualitas, C.A. (fiadora) se encuentra debidamente inscrita ante dicho organismo, con indicación expresa de la fecha y el número de inscripción; y b) remita copia certificada de: (i) el oficio correspondiente a la aprobación, por la Superintendencia, de los últimos Estados Financieros auditados a la precitada compañía de seguros; (ii) la constancia de presentación, por parte de Seguros Qualitas, C.A., de los Estados Financieros auditados, correspondientes al ejercicio fiscal 2010; (iii) el Margen de Solvencia de dicha aseguradora y el Patrimonio Propio No Comprometido, al 30 de junio de 2011 y/o hasta la fecha que corresponda a la última presentación periódica de dicha información a la Superintendencia; y (iv) la constancia que acredita que Seguros Qualitas, C.A. está autorizada para constituirse en "fiadora solidaria y principal pagadora" de obligaciones asumidas frente a la República, "hasta la ejecución del fallo definitivo" que recayere en la cause de que se trate. 

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04/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 04-2395: 04 -2395 - Sentencia de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija interpretación vinculante respecto del derecho a la protección de datos personales

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05/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 11-0014:  Mediante decisión N° 1350 dictada por la Sala Constitucional el 05 de agosto de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por Juan Luis Nuñez García, actuando con el carácter de apoderado judicial de las sociedades mercantiles Desarrollo Las Américas, C.A; e Inversiones 431.799, C.A; contra la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de este Alto tribunal, el 29 de septiembre de 2010, signada con el N° 930, mediante la cual declaró desistida la apelación incoada contra la sentencia N° 297 dictada el 07 de mayo de 2010 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que decretó la ocupación previa en el procedimiento de expropiación presentada por el Municipio San Francisco del Estado Zulia sobre unos terrenos ubicados en la Parroquia Francisco Ochoa del referido Municipio, en consencuencia, se ANULÓ el fallo dictado por la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal y, se le ORDENÓ que se dicte nueva decisión tomando en consideración la doctrina establecida por esta Sala. Finalmente, se ORDENÓ la publicación del fallo de esta Sala en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

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10/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 11-0283: 11 -0283 - Sentencia N° 1453 del 10 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional conponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que declara inaplicableslas prerrogativas procesales a las empresas municipales ypor razones de orden público revisa de oficio la sentencia que otorgóprerrogativas a la sociedad mercantil CABIGAS, C.A. y acuerda extender losefectos para aquellas causas idénticas a las analizadas en estadecisión.

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10/08/2011  Sala Político Administrativa - Exp N° 2010-0023: 2010 -0023 - Por sentencia N° 01096 del 10 de agosto de 2011, la Sala Político Administrativa con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, declaró Sin Lugar el recurso de nulidad intentado conjuntamente con medida de suspensión de efectos por la sociedad mercantil Central Azucarero Portuguesa, C.A., en virtud del silencio administrativo producido con ocasión del recurso jerárquico ejercido ante el Ministro del Poder Popular para el Ambiente contra el acto administrativo N° R-16-05-00-08-1092 emanado el 20 de marzo de 2009, de la Dirección Estadal Ambiental de Portuguesa, por el cual se impuso multa a la recurrente por la cantidad de Ocho Mil Quinientas Unidades Tributaria (8.500 UT) y se le prohibió "...de forma definitiva la descarga de efluentes líquidos en la quebrada Cambural o a cualquier cuerpo natural de agua, así como las emisiones atmosféricas, la limitación de la molienda de caña de azúcar a 6.241 T/Día para la Zafra 2008-2009 y, la prohibición del uso de las calderas 1, 2, 4, 5 y 7...". En tal sentido, constató la Sala que las premisas fácticas en las que se apoyó la Administración se ajustan a lo arrojado por los informes técnicos levantados en sede administrativa, al tiempo que las medidas impuestas se corresponden con los hechos registrados y con la atribución que a ese respecto prevén los artículos 114 y 120 de la Ley Orgánica del Ambiente.

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10/08/2011  Sala Político Administrativa - Exp N° 2010-1155: 2010 -1155 - Mediante sentencia N° 01101 publicada el 10 de agosto de 2011, la Sala Político-Administrativa, con ponencia del Magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, declaró: 1) con lugar la apelación ejercida por la profesora Velia Duque Montes, contra la decisión dictada por la Corte Segunda, en la cual se declaró sin lugar el recurso de nulidad incoado contra las Providencias Administrativas dictadas por el Jefe del Departamento de Tecnología de Servicios y la Directora de Gestión de Capital Humano de la Unidad de Enlace para Asuntos Académicos del Vice-Rectorado Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, por medio de las cuales se le notificó a la recurrente la decisión de finalizar su contrato con la Universidad a partir del 31 de diciembre de 2007; 2) nula la indicada decisión, porque el a quo a) erró al desestimar el vicio de incompetencia denunciado, siendo que en el propio fallo se reconoce que correspondía al Consejo Directivo la decisión de no renovar el contrato, b) erró al estimar que los actos impugnados no eran recurribles por tratarse de actos de trámite, desconociendo las excepciones contenidas en el artículo 85 de la LOPA y c) omitió emitir pronunciamiento respecto de uno de los actos impugnados y extendió su pronunciamiento a otros actos no recurridos; 3) con lugar el recurso de nulidad incoado, considerando que los actos fueron dictados por una autoridad incompetente; asimismo, por incurrir en el vicio de falso supuesto de derecho al aplicar una normativa que está dirigida al personal ordinario, siendo que la recurrente entra en la categoría de miembro especial; 4) se ordenó la reincorporación inmediata de la profesora Velia Duque Montes, al cargo que desempeñaba al momento de su ilegal retiro; 5) se ordenó efectuar el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de finalización del contrato, hasta su efectiva reincorporación; y 6) se acordó tener en cuenta el tiempo desde la fecha de no renovación del contrato, hasta la fecha de publicación del presente fallo, a los fines del cómputo de su antigüedad y para el disfrute de otros derechos laborales, tales como jubilación o cualquier otro previsto en la legislación correspondiente.

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10/08/2011  Sala Político Administrativa - Exp N° 2009-0432: 2009 -0432 - La Sala Político Administrativa mediante sentencia N° 01095 publicada en fecha 10/08/2011, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Roxana Orihuela Gonzatti y Fermín Toro Jiménez, cédulas de identidad Nros 10.348.274 y 945.519, con INPREABOGADO Nros 46.907 y 2.546, contra el Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela, publicado en la Gaceta de la Universidad Central de Venezuela, Edición Especial del 20 de mayo de 1999. En consecuencia, ANULÓ los encabezados de los artículos 3 y 31, así como el contenido de los artículos 11 literal c), 29, 43, 71, 100 y 103 del referido Reglamento.

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11/08/2011  Sala Constitucional - Exp N° 10-0028: 10 -0028 - Sentencia N° 1472 del 11 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional bajola ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, mediante la cualprecisa que los órganos de policía de investigacionespenales pueden legalmente adelantar las gestiones investigativas que seanurgentes y necesarias para dar aviso posteriormente al órgano fiscal, sinque ello vicie los actos realizados antes de dicha notificación.

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